Historias de Mena

Recurso de Casación: María Clara Ganchegui y otro.

Recurso de Casación (28 de febrero de 1862). – Validez y subsistencia de unos censos – . Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del Valle de Mena contra la sentencia dictada por la Sala segunda de la Audiencia de Madrid, en pleito con Doña María Clara Ganchegui y otro (Doña Ángela Matilde Ortiz de Taranco).

Fuente: “Jurisprudencia civil: Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en recursos de nulidad, casación e injusticia notorias, desde la organización de aquellos en 1838 hasta el día”. Tomo VII.

Biblioteca Jurídica de la Revista general de Legislación y Jurisprudencia.

Editorial Reus, Madrid, 1862.

Recursos de casación.
Tomo II de Jurisprudencia civil.

Recurso de casación (28 de febrero de 1862) – VALIDEZ Y SUBSISTENCIA DE UNOS CENSOS. – Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del Valle de Mena contra la sentencia dictada por la Sala segunda de la Audiencia de Madrid, en pleito con Doña María Clara Ganchegui y otro, y se resuelve:

1º  Que cumplida la voluntad de un testador por actos irrevocables que reciben su eficacia del mismo testamento, ya no es posible alterarla ni destruir los derechos adquiridos en virtud de esos actos:

2º Que el objeto de la ley de 11 de octubre de 1820 al suprimir todas las vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros, o de cualquiera otra naturaleza, fue poner término a la amortización, restituyendo a la clase de libres todos aquellos bienes o propiedades, pero no destruir o anular las instituciones o establecimientos que pudieran subsistir sin la amortización:

3º Que los arts. 14 y 15 de dicha ley, fundados en la base general en que ésta descansa, solo prohibieron las fundaciones y adquisiciones en ellos expresadas en cuanto se opusieran a la completa desamortización y libertad de los bienes sobre que se establecieron:

4º Que si bien el art. 16 de la propia ley prohibió a los establecimientos conocidos con el nombre de manos muertas la adquisición de capitales de censos impuestos sobre bienes raíces, la ley de 5 de mayo de 1837 modificó aquella prohibición respecto de los establecimientos de instrucción pública, permitiendo que se les dotase con censos u otros efectos de rédito fijo:

5º Que esta disposición, lejos que contraerse a los establecimientos antiguos o existentes en aquella fecha, fue general y dictada para los que en lo sucesivo se creasen, con pleno conocimiento de que se alteraba o corregía la prohibición de la ley 11 de octubre de 1820, la cual, restablecida y válidamente en observancia desde 30 de agosto de 1836, no pudo serlo, ni fue, en 1841;

Y 6º que la ley de 1º de mayo de 1855 al acordar la absoluta desamortización y enajenación de todos los bienes, y la redención de los censos pertenecientes a manos muertas, no suprimió las instituciones o establecimientos que con ellos se sostenían, sino que únicamente dispuso el cambio de forma de las ventas.

En la villa y corte de Madrid, a 28 de febrero de 1862, en los autos que penden ante Nos en virtud de recurso de casación, seguidos en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Universidad de esta corte y en la Sala segunda de la Real Audiencia de la misma por el Ayuntamiento del Valle de Mena contra Doña María Clara Ganchegui y Doña Ángela Matilde Ortiz de Taranco, sobre validez y subsistencia de una imposición de tres censos para dotación de dos escuelas de niños de ambos sexos en dicho Valle:

Escuelas de Villanueva
Antiguas escuelas de Villanueva de Mena. Foto: Raquel Cubillos.

Resultando que D. Manuel Ortiz de Taranco y su esposa Doña María Clara Ganchegui otorgaron de común acuerdo su testamento en 10 de julio de 1854, disponiendo por la cláusula quinta, que era su deliberada voluntad de acensuar desde entonces para después de su fallecimiento las tres dehesas, que designaron de su propiedad en la provincia de Ávila, según lo permitiera la legislación, y con especialidad el decreto de las Cortes de 3 de mayo de 1837, sancionado y publicado en 5 del mismo mes y año, con una carga anual y efectiva para sus perceptores de 12.000 rs. en metálico, en la proporción que señalaron, calculando el rédito al dos y medio por 100, ordenando que dichas tres dehesas ni ninguna de ellas pudiera venderse, permutarse, donarse ni trasmitirse de ningún modo su propiedad o usufructo sin llevar sobre sí la mencionada carga:

Resultando que por las cláusulas sexta y séptima consignaron era igualmente su deliberada voluntad fundar, en su nombre y en el de su difunto hijo D. Francisco Ortiz de Taranco y Ganchegui, dos escuelas en el lugar de Villanueva de Mena, una para niños y otra para niñas naturales del mismo pueblo y de todos los demás lugares de aquel Valle, que quisieran concurrir a ellas; debiendo enseñarse gratuitamente y con toda perfección por los tratados que tuviese designados el Gobierno, destinando por entero para su dotación perpetua los 12.000 rs. anuales, con que dejaban acensuadas las tres dehesas, los cuales se habían de aplicar y distribuir siempre en los términos que fijaron:

Resultando que por las cláusulas octava, novena y décima se nombraron asimismo por primeros patronos de las expresadas escuelas, y para que lo fuesen perpetuamente después de sus días, el Alcalde del Valle de Mena, Cura párroco y Alcalde o Regidor pedáneo de Villanueva, asociado siempre del que o de los poseyesen o usufructuasen las dehesas censadas, si residiesen en alguno de los pueblos de aquel Valle, y les encomendaron la inspección constante de las escuelas y la percepción, custodia y aplicación de los fondos destinados a su dotación:

Resultando que por la cláusula undécima dispusieron, que si en algún tiempo se intentase por el Gobierno u otras cualesquiera Autoridades o personas dar otro destino distinto al que dejaban prevenido a los 12.000 reales anuales o a alguna parte de ellos, o variar el lugar de las escuelas, o si estas, por cualquiera causa no prevista, dejasen de continuar en dicho lugar de Villanueva, según y cómo las dejaban establecidas, era su deliberada voluntad quedase nula o ineficaz y sin ningún valor ni efecto la fundación de las dos escuelas, pero no relevados los poseedores de las dehesas del pago puntual de los 12.000 reales anuales, los que serían aplicados, en la proporción que señalaron, a los establecimientos de beneficencia que nombraron:

Resultando que por la cláusula decimotercera manifestaron ser su deliberada voluntad concluir de formalizar entonces, para después que ocurriese su fallecimiento, la imposición de los tres censos consignativos expresados en la cláusula quinta, la cual, juntamente con esta, quería que inmediatamente después de su fallecimiento equivaliese a escritura solemne, expresiva y especial, y al efecto, para su entera validación, luego de fallecer ambos otorgantes, impusieron a todos los que por cualquier título les sucediesen en la propiedad y usufructo de las tres dehesas, entre otras condiciones, la de que cumpliesen inviolablemente, en calidad de censatarios, todo el contenido de la clausula quinta:

Resultando que habiendo fallecido D. Manuel Ortiz de Taranco en 17 de septiembre de 1851, procedió su viuda Doña María Clara Ganchegui, en 22 de junio de 1853, a otorgar por sí y como albacea testamentario de su marido tres escrituras de imposición de censo sobre cada una de las tres dehesas, importantes en junio 12.000 rs., para los fines establecidos en el referido testamento, aprobando, ratificando y reproduciendo, en caso necesario, todas y cada una de sus disposiciones, y previniendo se tuviese a los patronos de las escuelas por verdaderos censualistas, y que con ellos se entendiesen los censatarios:

Escuelas de Villanueva.
Interior de las escuelas de Villanueva de Mena (Burgos). Foto: Raquel Cubillos.

Resultando que de dichas escrituras se tomó razón en la Contaduría de hipotecas de Ávila en los días 6 y 9 de julio del mismo año de 1852, y que publicada la ley de desamortización de 1º de mayo de 1855, acudió Doña María Clara Ganchegui a la Dirección general de bienes nacionales en solicitud de que se declarasen exceptuados de los efectos de la misma los tres mencionados censos: que instruido expediente sobre ello, resolvió dicha Dirección general en 19 enero de 1856, de conformidad con el dictamen emitido por la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, que la referida fundación debía ser nula y de ningún valor ni efecto, como contraria a la ley de 27 de septiembre de 1830, restablecida por Real decreto de 30 de agosto de 1836: y por consiguiente quedaban los expresados censos fuera de los efectos de la ley de 1º de mayo de 1855:

Resultando que en virtud de esa determinación se presentó Doña María Clara Ganchegui en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Universidad de esta corte en 17 de junio de 1857, pidiendo, como acto de jurisdicción voluntaria, que se declarase que los gravámenes impuestos sobre las tres mencionadas dehesas, por virtud de las escrituras censuales de 22 de junio de 1852, eran nulos, y en su consecuencia que se mandasen cancelasen los registros hipotecarios de los mismos; y que oído el Promotor fiscal, se accedió, de conformidad con éste, a dicha solicitud por auto de 3 de octubre de aquel año:

Resultando que denegada al Ayuntamiento del Valle de Mena la petición que dedujo, por consecuencia de dicho auto, para que se le restituyese en la posesión de que había sido privado, presentó demanda en 1º de mayo de 1858, con autorización del Gobernador civil de la provincia, pidiendo se declarase válida y subsistente la constitución de los tres censos realizada en 22 de junio de 1852, y se dejase por consiguiente sin efecto el auto de 3 de octubre de 1857, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria, y alegó que la ley de 3 de mayo de 1837 modificó la de 11 octubre de 1820, permitiendo dotar los establecimientos de instrucción pública con censos u otros efectos de rédito fijo: que con esa disposición se conformaron D. Manuel Ortiz de Taranco y su esposa, puesto que no hicieron más que dotar con las rentas de tres censos impuestos sobre propiedades de su libre disposición las dos escuelas que determinaron establecer, y que fundó en efecto Doña María Clara Ganchegui que aun cuando para el cuidado y conservación de ellas designaron personas que desempeñasen ciertos cargos, no podía considerarse su fundación como constitución de un patronato, toda vez que carecía de las circunstancias necesarias para tener semejante carácter y que si bien fue revocable durante la vida de ambos fundadores dejó de serlo, adquiriendo la índoles de constitución perpetua, por consecuencia de los diferentes actos llevados a cabo por Doña María Clara después de muerto su esposo, renunciando de ese modo al derecho establecido en su favor:

Resultando que Doña María Clara Ganchegui y Doña Ángela Matilde Ortiz de Taranco solicitaron se confirmase el auto de 3 de octubre de 1857, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria, y en su consecuencia que se les absolviese de la demanda, declarando el mismo tiempo revocada y además nula, de ningún valor ni efecto en todas sus partes la fundación de las dos escuelas como incompatibles con las disposiciones del derecho vigentes, y contraria a la voluntad de la fundadora Doña María Clara, que en uso de su legítimo derecho había tenido por conveniente revocarla; y alegaron que siendo mudable a voluntad de los otorgantes lo establecido en las disposiciones testamentarias, no podía causar derechos no obligaciones hasta después de su fallecimiento, y por tanto, que precediendo la fundación y dotación de las escuelas de una disposición testamentaria, era revocable por su naturaleza, expresándola así a mayor abundamiento Don Manuel Ortiz de Taranco y su esposa en la cláusula decimotercera y condición quinta de su testamento: que no constando de las escrituras censuales otorgadas por la última, ni de los demás actos después de fallecido su esposo, que renunciase tácita ni expresamente a la observancia de dichas cláusula y condición, y si, por el contrario, que en aquel acto las aprobó, ratificó y reprodujo, era visto quedó en aptitud legal de revocar, variar o enmendar la fundación: por último, que aún considerando esta como perfecta y consumada por parte de los fundadores, obstaría a su existencia la ley de 11 de octubre de 1820 y la de 1º de mayo de 1855, aun queriéndose suponer derogada la primera por el decreto de las Cortes de 3 de mayo de 1837:

Resultando que después de recibido el pleito a prueba, y hechas las que se estimaran conducentes, dictó sentencia el Juez de primera instancia en 16 de julio de 1859, que confirmó la Sala segunda de la Audiencia de esta corte por la que pronunció en 13 de octubre de 1860, absolviendo a Doña María Clara Ganchegui y Doña Ángela Matilde Ortiz de Taranco de la demanda del Ayuntamiento del Valle de Mena, y declarando subsistente el auto en vista de 3 de mayo de 1857 en el expediente de jurisdicción voluntaria:

Resultando, por último, que contra este fallo interpuso dicho Ayuntamiento recurso de casación por haberse infringido en su concepto la ley de 5 de mayo de 1837:

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Antero de Echarri:

Considerando que el testamento otorgado en 10 de julio de 1851 por D. Manuel Ortiz de Taranco y su esposa en el que de común acuerdo dispusieron establecer en el Valle de Mena dos escuelas gratuitas para la enseñanza  de los niños de ambos sexos, fue irrevocable respecto del primero en el momento de su fallecimiento:

Considerando que su viuda, si bien pudo, sin responsabilidad legal, diferir su ejecución, a pesar del propósito recíproco de hacer por sí mismos el establecimiento de las escuelas, es incuestionable que, reconociendo como un deber sagrado de conciencia dar exacto cumplimiento a cuanto dejó dispuesto su esposo, renunciando a sus derechos y usando de sus facultades, procedió en 22 de junio de 1852 al otorgamiento de tres escrituras de imposición de otros tantos censos en los términos y con las cláusulas en el testamento expresadas, y subsiguientemente a las demás gestiones necesarias para establecer las escuelas, que fueron abiertas a la enseñanza en año 1854.

Considerando que estos actos de la viuda de Ortiz de Taranco fueron también irrevocables, ya porque respecto de su marido recibían su eficacia del testamento, ya porque, ejecutados espontáneamente por la misma, adquirieron el valor y subsistencia propios de los actos entre vivos:

Considerando que, así cumplida la voluntad de ambos consortes, ya no estaba en el árbitro de la sobreviviente alterarla, ni destruir los derechos adquiridos por el Valle de Mena, y que solo una ley podía privarle de ellos, dejando sin efecto las benéficas disposiciones en el testamento consignadas:

Considerando que tal ley no existe, porque el objeto exclusivo de la de 11 de octubre de 1820, al suprimir todas las vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquiera otra naturaleza, fue poner término a la amortización, restituyendo a la clase de libres todos aquellos bienes o propiedades, pero no destruir o  anular las instituciones o establecimientos que pudieran subsistir si la amortización:

Considerando que, fundadas sobre esta base, y obedeciendo a aquel principio, las disposiciones consignadas en los artículos 14 y 15 de dicha ley solo prohibieron las fundaciones y adquisiciones en ellos expresadas, en cuanto se opusieran a la completa desamortización y libertad de los bienes sobre que se establecieran:

Considerando que si bien el art. 16 de la misma ley prohibió a los establecimientos conocidos con el nombre de manos muertas la adquisición de capitales de censos impuestos sobre bienes raíces, la ley de 5 de mayo de 1837 modificó aquella prohibición respecto de los establecimientos de instrucción pública, permitiendo que se los dotase con censos u otros efectos de rédito fijo:

Considerando que esta disposición, lejos de contraerse a los establecimientos antiguos o ya existentes, fu general y dictada, no solo con un espíritu eminentemente útil y benéfico, y en términos tan expresivos que no pueda dudarse que debía servir de norma para los establecimientos de instrucción que se creasen en los sucesivo, sino también con pleno conocimiento de que se alteraba o corregía la prohibición de la ley de 11 de octubre de 1820, la cual restablecida y válidamente en observancia desde 30 de agosto de 1836, no pudo serlo, ni lo fue, en 1841:

Considerando que la imposición de los tres, con que Ortiz de Taranco y su esposa gravaron las tres dehesas de su propiedad para sostener las escuelas, no envolvía la amortización de aquellas fincas, ni aun impedía la redención del gravamen censal; pues suponiendo la donación, enajenación o permuta y aun la división de las primeras, y previendo también que se las quisiera librar del segundo, dispusieron lo que en uno y otro caso debiera hacerse:

Considerando, por consecuencia, que aquella disposición no fue contraria a la ley de 11 de octubre  bajo el punto de vista de la desamortización; y que, hallándose vigente la de 5 de mayo de 1837, así cuando Ortiz de Taranco y su esposa dictaron su testamento, como cuando la última, invocando esa misma ley, llevó a efecto la constitución de los censos, ya no existía la prohibición del art. 16 de la primera:

Considerando que tampoco se opone a la subsistencia de las escuelas establecidas por los esposos Ortiz de Taranco la ley de 1º de mayo de 1855 porque, además de ser posterior tanto al testamento como a la imposición de los censos y a la apertura de aquellas, al acordar la absoluta desamortización y enajenación de todos los bienes, y la redención de los censos pertenecientes a manos muertas, no suprimió las instituciones o establecimientos que con ellos se sostenían, sino que únicamente dispuso el cambio de forma de las rentas:

Considerando, por último, que la sentencia de la Sala segunda de la Real Audiencia de esta corte, separándose de los principios consignados en esta, y declarando la nulidad de las tres imposiciones censales hechas por Doña María Clara Ganchegui para el sostenimiento de las escuelas de niños y niñas del Valle de Mena, ha infringido la ley de 5 de mayo de 1837;

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del Valle de Mena; en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que pronunció la Sala segunda de la Real Audiencia de esta corte en 13 de octubre de 1860, y mandamos se devuelva el depósito constituido para la interposición de aquel.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta e insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. – Ramón López Vázquez. – Antero de Echarri. – Joaquín de Palma y Vinuesa. – Pedro Gómez de Hermosa. – Pablo Jiménez de Palacio. – Laureano Rojo de Norzagaray.- Ventura de Colsa y Pando.

Publicación. – Leída y publicada fue la sentencia anterior por el Ilustrísimo Sr. D. Antero de Echarri, Ministro de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado de dicho Supremo Tribunal.

Madrid 1º de marzo de 1862. – Luis Calatraveño. – (Gaceta de 6 de marzo de 1862.)

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